Guía acto administrativo por abogado Alberto Caminero Lobera

abogado Alberto Caminero Lobera

El acto administrativo es una declaración de voluntad, de deseo, de juicio o de conocimiento, realizado por un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa, distinta de la reglamentaria. Mediante el acto se aplica el derecho.

Cabe destacar como caracteres del acto:

  1. Legitimidad.

Debe ser dictado por un órgano competente para ello, con autoridad legítima y dentro de su marco de actuación, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

  1. Oportunidad.

La Administración, en vistas del interés público, ha de actuar teniendo en cuenta su potestad discrecional, de forma que pondere en cada caso la conveniencia o no de actuar según las circunstancias.

  1. Revocabilidad.

El acto administrativo puede ser modificado o anulado por la Administración por motivos de legalidad y oportunidad. Lo puede revocar mediante otro acto de signo contrario.

  1. Ejecutoriedad.

Los actos administrativos pueden llevarse a cumplimiento por la Administración en virtud del privilegio de ejecución forzosa o acción de oficio.

En cuanto a su clasificación, atendiendo a diversos puntos de vista, que no son excluyentes entre sí, sino complementarios:

A) Actos generales y concretos (por la extensión de sus efectos jurídicos)

General: cuando la Administración lo dicta teniendo en cuenta a una gran cantidad de personas que se verán afectadas por sus efectos.

Concreto o singular: cuando el acto se dicta para una o varias personas, pero en un caso muy concreto e individualizado.

B) Actos discrecionales y reglados (por las facultades utilizadas al dictarlos)

Reglados: se dictan conforme a las normas reguladas por ley y siempre sometidas al principio de legalidad.

Discrecionales: cuando la Administración, debido a que no existe una cobertura normativa, dicta actos discrecionales, ejerciendo su potestad discrecional.

Sin embargo, es más correcto indicar que los actos administrativos tienen más o menos elementos reglados o discrecionales. No existe ningún acto totalmente discrecional; ésta siempre ha de referirse a alguno o algunos de los elementos del acto, pero no al acto administrativo en bloque.

En todo caso, para que pueda aplicarse la discrecionalidad administrativa, necesariamente deben concurrir unos requisitos:

  • Ausencia de normativa legal en una determinada materia.
  • Inexistencia de prohibición de actuación discrecional en concreto sobre dicha materia.
  • Que de la estructura lógica de la norma se desprenda una posibilidad de elección administrativa.

Arbitrario: el de la autoridad cuando se excede de sus atribuciones o invade las ajenas. El que es producto del capricho o antojo del funcionario que lo dicta.

C) Actos simples y complejos (por el número de sujetos que intervienen en su formación)

Simple: el dictado por un solo órgano administrativo.

Complejo o compuesto: en el que intervienen una pluralidad de órganos (son los más normales). Varios órganos, e incluso varios sujetos, dictan un acto en razón a la unidad del fin que persiguen tales actos => la invalidez de uno solo de esos actos provoca la invalidez del acto en su conjunto.

Algunos se excluyen de la denominación de complejos, aunque aparentemente puedan parecerlo.

D) Actos unilaterales y plurilaterales (por los sujetos participantes en la emisión del acto)

Unilaterales: los que se imputan a una persona pública siendo obra exclusiva de agentes administrativos.

Plurilaterales: aquellos que crean normas que rigen las relaciones mutuas entre sus actores, es decir, estatuyen los derechos y obligaciones de los unos respecto de los otros. Son actos que crean normas que tienen como objeto a sus propios autores.

Los actos administrativos por definición son los unilaterales. Parte de la doctrina discute la admisibilidad de los actos plurilaterales (contratos y convenciones en que intervengan  simultáneamente la Administración y los particulares) como actos administrativos, admitiendo únicamente su consideración como actos de Derecho administrativo (no actos administrativos).

E) Actos expresos, tacitos y presuntos.

Expreso: se da una clara manifestación de la voluntad administrativa, de forma que no existe duda respecto a ella.

Tácito: no existe la manifestación de esa voluntad de forma clara y expresa, sino que se deduce de la conducta que realiza el órgano administrativo de que se trate.

Presunto: no existe deducción de ninguna conducta ni manifestación concreta administrativa. El significado de esa conducta del órgano administrativo se regula de forma expresa en el ordenamiento jurídico, evitando así toda opción interpretativa.

Esto es lo que ocurre cuando la Ley atribuye al silencio de la Administración un valor positivo o negativo (silencio administrativo). Por tanto, puede hablarse de silencio administrativo, cuando el ordenamiento jurídico, ante la falta de un pronunciamiento que la Administración debe efectuar (y transcurrido el plazo establecido para ello), presume la existencia del acto.

F) Actos definitivos o de tramite 

Los actos se dictan en el seno de un procedimiento administrativo. En este procedimiento hay una resolución final que es la que decide el fondo del asunto, y para llegar a ella ha de seguirse un camino especial, con fases distintas, con intervención de órganos o personas diversas y con actos también diferentes. 

Actos de trámite: son actos instrumentales de las resoluciones, pues las preparan y hacen posible la decisión, dirigiéndose al mayor acierto de ésta; entre ellos, pueden citarse los dictámenes o consultas y las propuestas. Se trata de actos carentes de sustantividad en materia decisoria trascendental.

El acto definitivo o resolutorio contiene la voluntad administrativa hacia el exterior.

La distinción entre actos definitivos y de trámite es de gran interés en cuanto a su impugnación: Así, según el art. 111 Ley 39/2015, sólo son recurribles las resoluciones de actos definitivos, no los actos de trámite. Sin embargo, por excepción, estos últimos (actos de trámite cualificados) resultan recurribles cuando, aun bajo apariencia de actos de procedimiento no resolutorios del fondo del asunto, de hecho vienen a decidirlo, por poner término al procedimiento o suspenderlo o hacer imposible su continuación.

G) Acos negociables o no.

Actos no negociables o meros actos administrativos: con ellos la Administración busca exclusivamente el cumplimiento del acto. En este caso, los efectos se producen por mandato de la Ley, a cuya simple ejecución se dirige el acto, con independencia de la voluntad del órgano administrativo (certificados, requerimientos, inscripciones en determinados registros, comprobaciones, resolución de consultas, etc).

Actos negociables: destinados a producir efectos jurídicos. No se incluye en ellos los actos de carácter general (Reglamentos y Ordenanzas) ni los actos en que la Administración aplica funciones jurisdiccionales. En este tipo de actos a la Administración le interesan los actos, pero además los efectos jurídicos que ha de producir su declaración de voluntad.

  • Actos favorables: amplían los dchos de sus destinatarios y normalmente se dictan a petición de los interesados → favorecen al destinatario con la ampliación de su patrimonio jurídico.
  • Concesiones: se concede a un particular la posibilidad de gestionar un servicio de titularidad administrativa, siempre bajo el control de la Administración. Pueden ser:
    • Traslativas: la Administración concede el ejercicio de un servicio, conservando su titularidad (concesión de servicios públicos y concesiones sobre el dominio público).
    • Constitutivas: la Administración crea unos derechos o facultades nuevas, teniendo en cuenta sus atribuciones por ley.
  • Autorizaciones: Se distinguen de la concesión en que no originan derechos nuevos para los particulares. La autorización presupone la existencia del derecho cuyo ejercicio se autoriza, no siendo aquélla más que un requisito para su ejercicio.
  • Admisiones: la Administración incluye a un particular en un colectivo determinado, del cual pasa a formar parte, por ejemplo, de un colegio profesional o de cualquier corporación pública.
  • Nombramientos: Se trata, igualmente, de actos constitutivos que amplían la esfera jurídica del destinatario. (Ej típico lo constituye el nombramiento para cargo o empleo público)
  • Dispensas: Se exonera a una persona de cumplir obligaciones por reunir unos requisitos de capacidad establecidos en la ley.
  • Aprobaciones: Existen hechos que si no reúnen un requisito posterior no son eficaces. Aunque teóricamente sean válidos, necesitan una intervención posterior de la Administración.
  • Actos de gravamen o limitativos: restringen los derechos de sus destinatarios y normalmente vienen impuestos de oficio →  deben ser motivados para facilitar la defensa del afectado.
    • Órdenes: crean obligaciones para una determinada persona, consistentes en llevar a cabo una conducta (mandato) o en abstenerse de llevar a cabo dicha conducta (prohibición).
    • Actos expropiatorios: son traspasos patrimoniales realizados en aras del interés general, previa indemnización (si no se indemniza, se trata de confiscación).
    • Actos que imponen sanciones disciplinarias: 
      • impuestas en virtud de la relación especial de servicio a los funcionarios públicos,
      • impuestas en virtud de los poderes de policía a los administrados.
      • Sanciones según su contenido, pecuniarias, contra la libertad o de expulsión de un Organismo o Centro a que se pertenece, etc.

H) Actos regla, subjetivos y condición. actos jurisdiccionales 

Acto regla: es el acto normativo. Crea, modifica o suprime situaciones generales e impersonales (reglamento).

Acto subjetivo: afecta a una situación individual y subjetiva (el otorgamiento de una licencia).

Acto condición: atribuye a un individuo una situación general y objetiva.

Acto jurisdiccional: resuelve, a instancia de otro sujeto, un conflicto de intereses surgidos entre él y la Administración (como la resolución de cualquier recurso administrativo).

Puede revisar otras guias de derecho Administrativo del Abogado Alberto Caminero Lobera abajo:

Guia el principio de legalidad por abogado Alberto Caminero Lobera

Guia potestad administrativa por abogado Alberto Caminero Lobera

Guia revisión actos por abogado Alberto Caminero Lobera

Alberto Caminero Lobera 

Maria Cecilia

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